Organizaciones denuncian ante la CIDH que régimen de excepción es política permanente

Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y Robert Kennedy Human Rights Center reportan detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal en El Salvador.

Organizaciones denuncian ante la CIDH que régimen de excepción es política permanente
Photo: Biodiversidad en América Latina

Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la CIDH que el régimen de excepción en El Salvador se ha convertido en una política permanente de control social. La medida, aprobada el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, ha normalizado la suspensión de garantías como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Carlota Roby, abogada senior para América Latina del Robert Kennedy Human Rights Center, señaló que una persona puede permanecer detenida hasta 15 días sin ser presentada ante una autoridad judicial.

Bajo este régimen se han detenido a más de 93 mil personas, de las cuales 65 mil fueron capturadas en el primer año. El sistema penitenciario cuenta con 120,956 personas, lo que refleja un índice de hacinamiento global del 170%, incluyendo las 40 mil personas en el CECOT. Las cárceles comunes operan con un índice de hacinamiento del 344.82%, trabajando a más del triple de su capacidad. Según Roby, los datos reflejan que una de cada 50 personas está privada de libertad en El Salvador.

Las organizaciones Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y Robert Kennedy Human Rights Center informaron sobre patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos. Entre las prácticas de tortura documentadas se encuentran palizas, torturas de posición, rociamiento de gas pimienta, colgaduras de las extremidades, asfixias por sumersión y choques eléctricos. David Morales, de Cristosal, afirmó que sus investigaciones verificaron que miles de personas detenidas son inocentes sin vinculaciones con pandillas.

Cristosal ha verificado 454 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño, incluyendo 33 mujeres, 3 niñas y un niño. Morales destacó que en el 78% de los casos de muertes, las víctimas no tenían vinculaciones con pandillas. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, presentó casos de personas que murieron por negligencia estatal en la provisión de medicamentos, como el sindicalista José Leónidas Bonilla y el comerciante Santos Navarro.

Carlota Roby afirmó que las muertes bajo custodia constituyen un patrón sistemático y generalizado con motivos para creer que son crímenes de lesa humanidad que implican la responsabilidad penal del presidente Bukele. Por su parte, David Morales de Cristosal señaló que el régimen busca imponer control social y político mediante prácticas de terrorismo de Estado. El Gobierno de El Salvador no estuvo presente en la audiencia de la CIDH, ausencia que Morales atribuyó a una política de opacidad y negación de violaciones a derechos humanos.

Key facts

  • Bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 93 mil personas.
  • Cristosal ha verificado 454 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño.
  • Las cárceles comunes operan con un índice de hacinamiento de 344.82%.

Three perspectives

Neutral

Organizaciones de derechos humanos presentaron denuncias sobre el uso del régimen de excepción ante la CIDH.

Positive

Las organizaciones solicitaron a la CIDH que ofrezca asistencia técnica al Estado.

Negative

Las organizaciones denunciaron patrones de tortura, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal.

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